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22 marzo 2021
En los últimos 15 años, el tema de igualdad de género ha acaparado la atención y a sido el tema central en grandes foros internacionales, cobrando un auge en los 5 últimos años. Poner fin a todas las formas de discriminación y lograr alcanzar una igualdad a costado, pero se han logrado grandes cambios, a través de la creación de leyes, instituciones y programas que promueven los derechos básicos de todo genero. Con motivo al Día Internacional de La Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, comparto con ustedes un resumen del marco legal dominicano sobre los derechos de las mujeres y niñas.
Durante esta crisis sanitaria, me ha llamado la atención la expresión “en primera línea” y es ahí donde las mujeres han estado “en primera línea” de actuación, hemos sido protagonistas de importantes hallazgos, presentes en el sector salud, educación, sociedad civil, propulsoras de iniciativas, emprendedoras, pilares de la familia, sostén económico, y aun así no somos reconocidas, aceptadas, respetadas ni valoradas.
Los avances que se han alcanzado en torno a la igualdad de genero de las mujeres y niñas, cuenta con un arduo recorrido histórico, en el que poco a poco la situación de la mujer a cambiado aun que todavía quedan muchos retos por lograr y obstáculos que vencer. Vemos como en países existen desigualdad a nivel laboral, empresarial, limitantes al acceso de cargos públicos, prejuicios y atropellos a los derechos básicos, en ocasiones encasillando a la mujer en determinados roles por su genero.
Los derechos de la mujer hacen referencia a la distinción de los derechos que se reconocen o bien se conceden a las mujeres y niñas en diferentes sociedades del planeta. Mientras que en algunos lugares estos derechos están institucionalizados o respaldados por leyes, costumbres locales y el comportamiento social, en otras zonas no se realiza el mismo trato, llegándose a reprimir, ignorar o incluso negar en contraposición con los derechos admitidos a los hombres y niños. Fran P. Hosken, Towards a Definition of Women’s Rights en Human Rights Quarterly, Vol. 3, n° 2. (mayo de 1981), pp. 1-10.
La República Dominicana le ha otorgado al tema un lugar central en la implementación de políticas de paridad entre mujeres y hombres, con el propósito de impulsar el desarrollo de la mujer, promover la asimilación del derecho a la igualdad, tutelado por la Constitución de dominicana en su artículo 39, numeral 4, el cual estable lo siguiente: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres”.
Por tanto, la Constitución dominicana reconoce que la finalidad principal del estado es la protección de los derechos de todos los hombres y mujeres, y el mantenimiento de los medios que les permitan desarrollarse dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, que coincida con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
Asimismo, el artículo 22 de la Constitución reconoce el derecho de todos los dominicanos y todas las dominicanas al sufragio pasivo y activo, y el apartado 5 del artículo 39 señala que: “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”. Nuestro estatuto supremo, la Constitución, consagra de manera expresa la igualdad y dedica otros artículos para su reconocimiento formal, estableciendo en el articulo 39 un reconocimiento, en la generalidad de los casos, a la no discriminación por razones de género o de sexo, color, edad, raza, discapacidad, nacionalidad y otros.
Un importante avance en el país fue la promulgación de la Ley Núm. 390, promulgada el 18 de diciembre de 1940, que otorga la plena capacidad de los derechos civiles a la mujer dominicana. Para garantizar estos fines se establecieron las siguientes normas:
Nuestro país es signatario de varios tratados y convenciones internacionales y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW], Declaración de Beijing y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, Brasil, 1994”, vigentes y cuyo propósito general incluye específicamente la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, según el artículo 26 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Núm. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana.
Al igual que en otros países, en República Dominicana predominan los prejuicios relacionados con el sexo femenino, discriminación, violencia y violaciones a los derechos de la mujer y niña, no basta con que el Estado reconozca la igualdad de genero, debe garantizar el respeto a los derechos y velar por la creación de leyes sancionadoras. En 1999 se crea la Secretaría de Estado de la Mujer, actualmente “Ministerio de La Mujer”, la cual es el organismo responsable de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres (Art.1 Ley 86 del 1999). Es responsable de velar porque se respeten los derechos femeninos, los cuales no se basan en el sexo, sino en la dignidad personal propia del ser humano, así como definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
De igual forma, el Estado debe velar por que la mujer dominicana, en la sociedad en general, tenga los mismos derechos y deberes que el hombre. Que tenga acceso a la vida política de nuestro país, ejerciendo el sufragio universal, integrando el partido político de preferencia, participando activamente en las campañas políticas, libre expresión, postularse como candidatas para ocupar cualquier cargo, incluyendo la presidencia del país.
Nuestro país cuenta con otros marcos legales que también establecen y consagran el Principio de La Igualdad consagrado en la Constitución, como es la Ley 136-03 que protege, por igual, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Ley Núm. 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y la Violencia en Contra de Las Mujeres, la cual esta basada en la Convención para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, modifica el Código Penal en lo concerniente a la discriminación contra la mujer, reconoce la violencia contra la mujer como un problema de orden público que obstaculiza el pleno desarrollo de las mujeres y limita el ejercicio de sus derechos fundamentales. También, contamos con la Ley Núm. 855-78 que iguala a padres y madres en derechos y obligaciones dentro de la familia.
En el 2011, fue creada la Ley que facilita el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia. Esta ley tiene por objeto modificar el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, con la finalidad de facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.
Se pudiera decir que contamos con un marco legal robustecido y que garantiza los derechos de las mujeres y niñas, pero aun no hemos logrado erradicar las diferencias en los aspectos económicos, sociales y culturales. En muchos países sigue habiendo discriminación en las leyes, por ejemplo, la prohibición al aborto. Dicha prohibición es una forma de violencia hacia las mujeres y las niñas, negándoseles sus derechos reproductivos, poniendo en peligro sus vidas.
En el 2020 acaparamos la atención de sectores y grupos activistas, que junto a otros países han abogado por la despenalización del aborto en las tres causales, cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, cuando sea fruto de una violación o incesto, o cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. La República Dominicana es uno de los seis países en América Latina que prohíbe completamente el aborto sin excepción, lo que constituye y sigue representando una limitación al disfrute de los derechos de las mujeres y las niñas. Es un tema que confronta opiniones de la iglesia católica, el sector salud y la sociedad civil y pese a las presiones ejercidas por diversas instituciones internacionales (Centro de Derechos Reproductivos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Colectiva Mujer y Salud, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos) y sectores locales, el aborto en nuestro país esta prohibido.
La mujer debe tener derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, su libertad y seguridad. Debemos llevar a cabos más programas de concientización y educación, especialmente en las regiones y sectores marginados, donde las mujeres y las niñas están más expuestas a la violación de sus derechos. Debemos romper con los estigmas que obstaculizan nuestros derechos y hacer un cambio en nuestra cultura, visión y educación, pero sobre todo terminar con la sobrevaloración del hombre en detrimento de la mujer, para alcanzar un ambiente y vida sin discriminación, sin desigualdad, sin violencias, sin violaciones.
No cabe duda de que la mujer es el pilar, sostén y el equilibrio fundamental de la sociedad actual, estamos “en primera línea” ante la lucha por nuestros derechos e igualdad. Nos queda mucho por hacer, pero ya vivimos en una sociedad donde tenemos más presencia, oportunidades y somos tomadas en cuenta en varias esferas sociales.
